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fin de año con una guerra entre jueces por una megacausa de corrupción


Diciembre es un mes en el que en los tribunales pasa de todo. Antes de la feria judicial del mes de enero suelen salir resoluciones demoradas, muchas de ellas polémicas. Tal vez para amortiguar el impacto en la opinión pública, los fallos se firman cuando las vacaciones de los jueces están a la vuelta de la esquina. 

El Caso Scapolan, tal vez la causa por corrupción policial y judicial más importante de los últimos años, no pudo escapar a esta lógica: en apenas tres semanas -entre el 7 y el 23 de diciembre- hubo una catarata de recusaciones, apelaciones e, incluso, un fallo del jurado de enjuiciamiento bonaerense particularmente vergonzoso.

En esta última resolución -firmada el pasado 21 de diciembre- se acepta la excusación de 12 jueces que declinaron presidir el jury de enjuiciamiento contra el fiscal.

Scapolan se encuentra de licencia desde mediados del 2020 y fue -primero acusado y luego procesado- por liderar una banda de policías y abogados que, entre otras cosas, se habría robado media tonelada de cocaína en un operativo antidrogas, en diciembre de  2013.

El imputado no es un fiscal cualquiera. Manejó durante años la poderosa UFI de Investigaciones Complejas y antinarcóticos de San Isidro en momentos en el que las fiscalías de esa jurisdicción dependían del fiscal general Julio Novo.

Caído en desgracia (debió renunciar en 2017) y con un juicio pendiente por proteger a los narcos en el marco del doble crimen de Unicenter, Novo había sonado para ser ministro de Justicia de Sergio Massa en 2015 cuando el tigrense aspiraba a la presidencia.

El fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, acusado de liderar una asociación ilícita que armaba causas vinculadas al narcotráfico.

El fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, acusado de liderar una asociación ilícita que armaba causas vinculadas al narcotráfico.

La relación entre ellos venía de larga data,  pero un episodio en particular la fortaleció.

El 20 de julio de 2013, la casa de Massa fue asaltada en un episodio confuso que recién se hizo público dos semanas después. Scapolan se hizo cargo de un tema muy sensible en momentos en que Massa era intendente de Tigre. Hasta logró que su colega Washington Palacios -que había denunciado irregularidades en la detención del único sospechoso- fuera removido de su cargo por un jury.

Hoy esta vieja historia (Scapolan/Palacios) vuelve a estar vigente, y de la peor manera. La razón: como Palacios y Scapolan quedaron enfrentados por el tema Massa, los jueces que intervinieron en esa cuestión hace años hoy dicen que no pueden ser parte del proceso contra Scapolan porque habría dudas de su imparcialidad.

Conclusión: ante tan cerrada y unánime negativa de hacerse cargo, quien presidirá el proceso para la destitución o no de uno de los fiscales más poderosos de la zona norte será la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial N° 1 de La Plata, Ana María Bouriborde.

Pero este es solo un episodio de los muchos que ocurrieron en diciembre, un mes que aun no termina.

Una línea de tiempo deja al descubierto una guerra dura entre jueces.

Un expediente sin jueza

Aunque los pedidos de recusación tanto a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado como al fiscal Fernando Domínguez fueron algo que acompañó a la causa Scapolan desde el principio, en diciembre la cosa se puso muy seria.

-El 7 de diciembre el juez Marcelo Fernández, de la Cámara de Apelaciones en lo Federal de San Martín, aceptó la recusación de Arroyo Salgado presentada por el secretario de Scapolan, Maximiliano Jarich, quien en su momento estuvo detenido en el caso y finalmente logró una «falta de mérito».

A traves de su abogado defensor, Jarich argumentó que, al procesar a otros acusados como el policía Adrián Baeta o el propio Scapolan, Arroyo Salgado le siguió atribuyendo un rol en la organización investigada. Por eso consideró que no era imparcial y pidió formalmente que se la apartara.

El ex teniente de la Bonaerense Adrián Baeta -conocido también por su apodo de "Palermo"-.

El ex teniente de la Bonaerense Adrián Baeta -conocido también por su apodo de «Palermo»-.

Este planteo dio pie a infinitas idas y vueltas. Y en una de esas idas, la cuestión terminó en manos del juez de Casación Penal Mariano Borinsky, quien le dio la razón a la defensa de Jarich y ordenó que se reviera la decisión de la Cámara de San Martín de no hacer lugar a la recusación.

Con las manos atadas por el fallo de Casación, el 7 de diciembre el juez Marcelo Fernández apartó a Arroyo Salgado aunque en su resolución aclaró que lo hacía pese a que su postura personal era otra.

La recusación de Arroyo Salgado fue una bomba que generó otras explosiones, directa o indirectamente, ligadas con la resolución del 7 de diciembre.

Por un lado, el abogado querellante en la causa Scapolan, Damián Odetti, recusó a Borinsky el 13 de diciembre y pocos días después, el 22, apeló la recusación firmada por el juez Fernández. Pocas horas después que Odetti, el otro querellante, Adolfo Pérez Esquivel, por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), también apeló.

¿Que hizo entonces el camarista Fernández? Sobre el filo de la Navidad, aceptó la apelación. En síntesis, la cuestión volverá a Casación. Con un detalle: ¿dónde en Casación si el juez que intervenía en las cuestiones del expediente Scapolan, Mariano Borinsky, fue recusado por la querella?

El juez de Casación Penal Mariano Borinsky.

El juez de Casación Penal Mariano Borinsky.

El intríngulis tiene aun más complicaciones.

Como se la había apartado del caso, el 14 de diciembre (antes de las apelaciones de Odetti y la CPM) Arroyo Salgado sacó una resolución diciendo que, para evitar nulidades, sólo firmaría tres o cuatro cuestiones de la más estricta urgencia en el expediente.

En el tiroteo entre el juzgado federal de San Isidro, la Cámara Federal de San Martín y la Cámara de Casación Penal Federal, salió la resolución del jury de enjuiciamiento bonaerense con la noticia de que 12 jueces se habían excusado de presidir el juicio político contra Scapolan.

¿Qué pasará con este expediente que reveló como ningún otro la complicidad entre la Justicia, la Policía y algunos abogados?

Por ahora parece atrapado en el engranaje burocrático judicial que algunos manejan a nivel «arte».

EMJ



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