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programan ejecución de un preso con discapacidad intelectual


Nagaenthran Dharmalingam, un ciudadano de origen malayo con discapacidad intelectual que fue condenado a muerte por la Justicia de Singapur por intentar ingresar a ese país con una pequeña cantidad de droga, será ejecutado el próximo miércoles. Los representantes legales del acusado interpusieron un recurso para frenar el cumplimiento de la sentencia.

El hombre fue detenido en abril de 2009, con 42,72 gramos de heroína, durante un control fronterizo. Un año más tarde un tribunal lo sentenció a la pena capital, que debería cumplirse en la prisión de Changi, según se indicó en el fallo.

Lo que despertó la polémica a nivel internacional fue que, durante el proceso judicial, la evaluación psicológica del acusado determinó que sufre problemas mentales y discapacidad intelectual. Es eso, al menos, lo que denunció este jueves la ONG Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH).

«El desprecio por los derechos humanos y las normas internacionales en el caso de Dharmalingam se ve agravado por el trato cruel hacia su familia. Después de mantenerle en el corredor de la muerte durante más de una década, ahora se apresuran a ejecutarlo y hace que sea casi imposible que su familia lo visite«, apuntó Adilur Rahman Khan, secretario general de esa institución.

Organismos de Derechos Humanos buscan detener la ejecución. Foto Mohd Rasfan/AFP

Organismos de Derechos Humanos buscan detener la ejecución. Foto Mohd Rasfan/AFP

Singapur está actualmente bajo una serie de restricciones por la pandemia de Covid-19 que impiden la entrada de ciudadanos extranjeros al país. La familia, que no podría visitar a Dharmalingam antes de la ejecución, espera que el Tribunal Superior de la ciudad-Estado haga lugar al pedido de no llevar a cabo el procedimiento.

Pedido a la presidenta

Tal fue la repercusión internacional del caso que Amnistía Internacional (AI) le solicitó a la presidenta singapurense, Halimah Yacob, que «intervenga inmediatamente» para frenar la ejecución del malayo. En la carta que le envió este miércoles, argumentó que podrían cometerse «múltiples violaciones sobre leyes internacionales de los derechos humanos«.

AI, movimiento global que lucha contra la injusticia y en favor de los derechos humanos, subrayó también que los problemas intelectuales del detenido, demostrados también en posteriores análisis en 2013, 2016 y 2017, «pudieron haber afectado su capacidad para evaluar los riesgos y su relato de las circunstancias del delito».

En este contexto, autoridades malayas buscan mediar para anular la ejecución de la condena. Por caso, el ministro malasio de Exteriores de ese país, Saifuddin Abdullah, informó el miércoles que ha enviado una misiva a su homólogo singapurense, Vivian Balakrishnan, para comentar el caso de su conciudadano.

Además, señaló que las autoridades malayas observan los progresos de la causa, además de ofrecer asistencia consular al afectado y su familia.

Amnistía Internacional le solicitó a la presidenta singapurense, Halimah Yacob, que "intervenga inmediatamente". Foto Mohd RASFAN / AFP

Amnistía Internacional le solicitó a la presidenta singapurense, Halimah Yacob, que «intervenga inmediatamente». Foto Mohd RASFAN / AFP

En 2019, Singapur procedió a su última ejecución registrada al aplicar la pena capital -mediante el ahorcamiento- de cuatro reos, dos de ellos con delitos de drogas, según FIDH.

Tanto Singapur como Malasia, donde también se aplica la pena capital, defienden la condena a muerte como una medida disuasoria contra el narcotráfico, los asesinatos y otros delitos frente a las críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Con información de EFE

DB​



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